La Paz, 29 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno Nacional que las futuras medidas económicas tengan un carácter inclusivo y que prioricen el área rural, así como la economía familiar campesina, puesto que el Decreto Supremo 4216, del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, del 14 de abril de 2020, sólo benefició al 0,43% de las empresas legalmente constituidas en el país, de las cuales el  0,068% se encuentra ubicada en el área rural. 

Esa medida, que tenía la finalidad de apoyar financieramente a esos sectores de la economía nacional, en el contexto de la pandemia del COVID-19, no logró sus objetivos. “El alcance y socialización de este plan de apoyo a la estabilidad laboral fue deficiente, lo que generó barreras de acceso masivo”, apuntó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

De acuerdo con el análisis que realizó esta institución defensorial, en el marco de sus atribuciones constitucionales, la norma permitió el acceso a créditos a 1.461 empresas, hasta el 31 de agosto, cuando en el país  están registrados 333.645 compañías, hasta septiembre de este año, es decir, que el beneficio sólo llegó al 0,43% del total de las empresas legales, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). 

Además, la norma habría provocado una suerte de discriminación geográfica, con algún grado de afectación y daño económico a particulares puesto que de las 1.776 solicitudes de crédito, sólo cinco correspondían al área rural, o lo que es lo mismo el 0,28%; y de los 1.461 créditos otorgados, sólo 1 corresponde al área rural, o el 0,068%.

“Recomendamos que las futuras políticas económicas tengan un carácter inclusivo, que sean aplicadas prioritariamente a micro, pequeñas y medianas empresas del área rural y que estén acompañadas de una estrategia comunicacional nacional”, enfatizó la Defensora.