La Defensoría del Pueblo exige a las fuerzas políticas que participarán en las elecciones subnacionales de 2021 garantizar que sus programas de gobierno incluyan medidas efectivas para el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, principalmente, de la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que la institución trabajó un documento en el que se identifican los estándares mínimos sobre derechos humanos, con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad y problemáticas estructurales de atención prioritaria, que deberían ser incluidos en las propuestas de las y los candidatos de las elecciones del 7 marzo.

“Este texto fue remitido para conocimiento de las organizaciones políticas y alianzas, y de los tribunales departamentales electorales, así como de las organizaciones sociales para que éstas exijan su cumplimiento.

" Lo que se busca es que los y candidatos a ser electos sean conscientes de su rol, competencias y desafíos que atañe la transformación y construcción de un Estado más equitativo, inclusivo y despatriarcal”, apuntó la Defensora. 

La Autoridad añadió que la COVID-19 evidenció que es urgente fortalecer el Sistema Único de Salud, con la creación de nuevos hospitales y mejoras en la infraestructura de los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención, incrementando recursos económicos y humanos, y dotando de equipamiento e insumos suficientes para hacer frente a enfermedades endémicas y pandémicas. Además, dijo que es necesario garantizar el funcionamiento adecuado de los CDVIR y CRVIR, para el tratamiento y atención integral, sin discriminación, de las personas que viven con VIH-SIDA.

También apuntó que es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs) y Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), como rectores de la temática en la niñez y adolescencia (casi el 40% de la población boliviana), garantizar su desarrollo integral, nivel de vida adecuado, derecho a vivir en familia y eliminar toda forma de violencia, para lo cual se deben fortalecer los servicios de protección, como las DNA y los centros de acogida, e implementar políticas públicas dirigidas a  niñas, niños y adolescentes (NNAs) en especial situación de vulnerabilidad, en particular a las hijas e hijos víctimas del feminicidio.

La Defensora señaló que la poca diligencia con la que se ha administrado la educación desde el Gobierno Nacional, en el contexto de la COVID-19, demanda a los GADs y GAMs, en el marco de sus competencias, garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de universalidad, calidad, interculturalidad, gratuidad, igualdad de condiciones y no discriminación, con la participación de la comunidad educativa, mediante la dotación, financiamiento y continuidad de los servicios básicos, internet, infraestructura, material educativo y equipamiento.

A través de la creación y fortalecimiento de los servicios de protección, la implementación de programas laborales y de reconocimiento del trabajo de cuidado, de la eliminación de actos relacionados al acoso y violencia política, así como la garantía del disfrute máximo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente, se podrá contribuir a garantizar a las mujeres (50,7% de la población) condiciones de igualdad y no discriminación, priorizando el derecho a una vida libre de violencia. Respecto a las mujeres que realizan trabajo sexual, los GAMs deben desarrollar acciones para eliminar la estigmatización y sancionar la violencia institucional, respetando sus derechos.

La Defensora del Pueblo dijo que los GADs y GAMs deben impulsar medidas de carácter productivo, priorizar la promoción del empleo, además de programas alternativos, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, sin discriminación, que les asegure para sí y su familia una existencia digna, especialmente para los grupos vulnerables afectados por la COVID-19, principalmente para la juventud, las trabajadoras sexuales y las personas transexuales y transgénero; así como la observancia de la normativa por parte de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia  (DNAs) sobre las actividades laborales de las y los adolescentes. 

Los GAMs, en el cumplimiento de sus responsabilidades para la defensa de los derechos de las y los usuarios y consumidores, deben implementar procesos de formación para la Guardia Municipal, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en áreas de comercio, añadió la autoridad.

“Bolivia registra 99.290 personas con discapacidad, que se enfrentan a barreras físicas, sociales y comunicacionales, y es urgente que los GADs y GAMs fortalezcan las unidades especializadas de atención, implementen progresivamente condiciones de accesibilidad en espacios, y servicios públicos y privados, además que promuevan la empleabilidad y las iniciativas productivas”, resaltó Cruz.

Las personas adultas mayores en Bolivia, dijo, representan el 9,6% del total de la población, y gran parte sufre abandono, violencia y discriminación, y es obligación de los GADs y los GAMs crear y fortalecer las unidades de atención y protección, implementar el trato preferente, destinar recursos suficientes para el funcionamiento de centros de acogida públicos, realizar el seguimiento al cumplimiento de los descuentos en los servicios básicos, transporte y de impuestos, y garantizar la accesibilidad al complemento nutricional Carmelo.

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano representan el 49% de la población boliviana, recordó la autoridad defensorial, al señalar que muchos de ellos viven en contexto urbano, en situaciones de pobreza y exclusión social; por lo que los GADs y GAMs deben implementar políticas públicas interculturales que garanticen sus derechos, desarrollar marcos normativos para la protección de aquellas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, y cumplir con las acciones del Plan del Decenio Afroboliviano.

La Institución Defensorial, señaló, identificó una mala gestión de residuos, que ha sido el origen de graves problemas ambientales, de salud y conflictos sociales; por lo cual, urge que los gobiernos subnacionales asuman con participación social un adecuado tratamiento de la basura, su reciclaje y compostaje, y promover medidas que desincentiven la generación excesiva de basura y material contaminante.

Principalmente, las poblaciones en situación de vulnerabilidad carecen de vivienda, por tal sentido, consideró la Defensora que los GADs y GAMs deben coadyuvar en programas de construcción y dotación de terrenos para el acceso a una vivienda social, basándose en los principios de solidaridad y equidad, para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado.

Los GADs y GAMs, a fin de garantizar una vida digna de las personas privadas de libertad, deben destinar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, garantizar el acceso a los servicios básicos, alimentación, salud y crear centros de producción y capacitación, condiciones esenciales que propiciarán el proceso de reinserción social y el retorno a la vida en comunidad, añadió Cruz.

A raíz de la inseguridad ciudadana, dijo que es necesario que los GADs y GAMs, conforme a las políticas de seguridad ciudadana, brinden condiciones de infraestructura e insumos para el trabajo de la Policía Boliviana, además que desarrollen programas de prevención del delito y protección que incluyan temáticas como: la trata de personas, fortalecimiento del control de documentos de viaje de NNA, medidas integrales que promuevan la seguridad vial y políticas para la rehabilitación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo y drogodependencia. 

“Estas problemáticas no deben continuar siendo relegadas o postergadas por más tiempo, por lo que la Defensoría del Pueblo desarrollará, a través de sus 18 oficinas a nivel nacional, una férrea observancia a la incorporación de estas propuestas en los planes de gobierno de las fuerzas políticas”, enfatizó la Defensora del Pueblo, pues consideró que estos planteamientos podrían promover la vigencia y ejercicio pleno de los Derechos Humanos, con políticas públicas que pueden aminorar las brechas de desigualdad y generar condiciones de desarrollo humano para todas y todos los bolivianos.