Dicho pacto dará continuidad a las acciones que viene desarrollando el Ombudsman nacional con la OCDE para la promoción de estándares, instrumentos y herramientas para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Acompañaron el encuentro Germán Zarama, Analista de Políticas y Punto Focal Regional para América Latina y el Caribe sobre Conducta Empresarial Responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Mariana Grosso, jefa del Área de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y Coordinadora del Programa de Empresas y Derechos Humanos.

Recientemente se ha encargado a la Defensoría la elaboración de la Línea Nacional de Base que servirá como insumo central para la elaboración del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. La tarea representa un reconocimiento a la experiencia y capacidad técnica de la Institución, y un desafío ya que la Línea permitirá conocer el estado de situación y la priorización de las temáticas a abordar en la política pública integral y con escala nacional.

Ante esta importante tarea encomendada a la Institución Nacional de Derechos Humanos argentina, se solicitó a la OCDE el acompañamiento para el desarrollo de las diferentes líneas de acción desplegadas en el marco de sus funciones y del Proyecto CERALC. Para la Defensoría del Pueblo de la Nación, la visión y respaldo de la OCDE son fundamentales para el desarrollo de la agenda interna alineada con los más altos estándares internacionales.

La solicitud, y los antecedentes del exitoso trabajo entre ambas instituciones, derivaron en el presente acuerdo de cooperación que contribuirá en gran medida a reforzar el respeto de los Derechos Humanos en contextos empresariales de todos los involucrados y la sociedad en general además de las líneas de trabajo del Programa sobre Empresas y Derechos Humanos de la Defensoría, especialmente para avanzar en la sensibilización de los estándares, instrumentos y herramientas sobre CER con el sector privado, partes interesadas y para la formulación de políticas públicas, y en particular bajo el contexto actual de elaboración de la Línea Nacional de Base que servirá como insumo para la elaboración del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina.