Una presentación conjunta de esta publicación sobre minería y derechos humanos es necesaria. Ello debido a que este documento es el resultado de un esfuerzo de múltiples actores y constituye un reflejo de la actuación coordinada que es necesaria para impulsar un desarrollo sostenible respetuoso de los derechos humanos. Además, evidencia las fortalezas que brinda un espacio de intercambio de conocimientos donde las experiencias institucionales y buenas prácticas desarrolladas permiten la construcción de instrumentos que ayudan a proteger y promover estos derechos.

En la actualidad, la minería es un sector fundamental en el desarrollo económico de muchos de los países de Iberoamérica, tanto por su significado para las exportaciones, los ingresos y la inversión extranjera como por los impactos socioambientales generados que muchas veces afectan los derechos humanos. Ante esto, el presente trabajo busca aportar al desarrollo de recomendaciones para los actores públicos y privados en la minería basado en la sistematización de las informaciones que reciben los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

A la vez, FIO y la Cooperación Alemana al Desarrollo, así como los países de Iberoamérica son parte de los procesos globales e impulsan el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos, tales como la Agenda 2030 y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. La Agenda 2030 determina con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el objetivo 16, Paz, justicia e instituciones fuertes, un marco para el desarrollo sostenible. Cabe destacar más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los principios que rigen la agenda, particularmente el principio de «No dejar nadie atrás». Este principio es el vínculo directo de la agenda con los derechos humanos y con el trabajo defensorial. Para un sector de alta conflictividad como la minería es de particular importancia implementar el principio mencionado con un enfoque de género desde una perspectiva de derechos humanos. Se formulan de esta manera recomendaciones tanto para el sector público como para el sector privado basadas en las evidencias y actuaciones defensoriales como un paso importante. De esta manera el presente trabajo fortalece un enfoque multiactor (ODS 17).

Las defensorías del pueblo o instituciones de Ombudsman son garantes de la vigencia y protección de los derechos humanos de sus países y como tales juegan un papel importante en la promoción de una minería respetuosa de estos derechos y del medio ambiente. En Iberoamérica, la FIO actualmente reúne a más de 100 Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Razonadores (Razonador), Comisionados y/o Presidentes de Comisiones Nacionales o Estatales de Derechos Humanos de los países de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, y se ha consolidado como un espacio de cooperación e intercambio de experiencias, para la promoción y fortalecimiento del Ombudsman.

El proceso de desarrollo y elaboración del documento contó con la decidida y comprometida colaboración de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, a través de dos Proyectos ejecutados por la Agencia del Gobierno Federal Alemán (GIZ) bajo el encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ): el Proyecto para el Fortalecimiento de los Miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (PROFIO) y el Proyecto de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros (MINSUS).

Cabe resaltar la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya contribución en este trabajo se plasma en las reflexiones con respecto a los desafíos de la región para alcanzar una nueva gobernanza de los recursos naturales que permita, a futuro, asegurar que los beneficios de la explotación contribuyan a una sostenibilidad económica, social y ambiental de largo plazo, que promueva la disminución de las desigualdades que persisten en la región. CEPAL enmarca su apoyo con su aporte al Acuerdo de Escazú que fue adoptado el 4 de marzo de 2018. Finalmente, es momento no solo para reconocer y agradecer los aportes de las diversas instituciones que participaron e hicieron posible la producción de los trabajos comparativos que servirán para fortalecer las actuaciones de las Oficinas de Ombudsman ante afectaciones vinculadas al sector minero, sino también para destacar el esfuerzo de las Oficinas de Ombudsman vinculadas en su trabajo por la defensa de los derechos.

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