De acuerdo con una nueva perspectiva de los derechos humanos, las instituciones que conforman la Federación Iberoamericana de Ombudsman se han propuesto desarrollar un trabajo sostenido por la inclusión y la diversidad en Iberoamérica. De esta forma, buscan ampliar el radio de acción de la protección de derechos inalienables para grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

Teniendo en cuenta la ampliación de canales de comunicación que hoy ofrecen las redes sociales y la internet, así como las posibilidades de difusión de nuevos estándares a través de las nubes de datos y la interacción social, la FIO pretende actuar de manera proactiva para proteger la diversidad.

En ese sentido, busca reexaminar el rol de las defensorías como custodias de la valoración individual del ser en un entorno que mantiene ideas y patrones culturales y religiosos tradicionales sobre algunos grupos sociales y en el que la población sexualmente diversa experimenta diversas formas de violencia y discriminación.

Un aspecto fundamental a ser atendido en esta ampliación de la protección de derechos es el desconocimiento de la propia diversidad dentro del colectivo LGBTI y de las diferentes modalidades de agresión o rechazo social que sufre cada segmento. Así, por ejemplo, las personas intersexuales, a diferencia de las trans, padecen intervenciones quirúrgicas «de corrección» a temprana edad, que son consideradas innecesarias y que se dan sin el consentimiento informado.

Esto ha sido puesto en evidencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas intersex en las Américas, producto de dos audiencias temáticas en su 161 periodo ordinario de sesiones, el 20 de marzo de 2017. Por otro lado, existe también una especial preocupación por la situación de las personas trans, que son discriminadas desde temprana edad, por razones culturales y religiosas, al expresar su identidad de género. Muchas de ellas son expulsadas de sus hogares, lo cual les priva de una educación formal o continua y, a su vez, limita sus posibilidades de conseguir trabajos calificados más adelante.

No es inusual, por ello, que terminen sobreviviendo en la calle. En este sentido, llama la atención la ausencia de políticas públicas que faciliten la inclusión social de este y otros grupos en situación de vulnerabilidad y el desconocimiento generalizado de los avances en la identificación de la sexualidad. Es más, el derecho a la salud, constitucionalmente consignado en innumerables regiones, no ha impedido que las personas trans reciban tratamientos médicos inadecuados al punto que su esperanza de vida es apenas de 35 años aproximadamente.  

En una iniciativa de vanguardia, la República de Costa Rica solicitó y obtuvo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Opinión Consultiva del  24 de noviembre de 2017 (OC-24/17), que es considerada un hito en la lucha por los derechos LGTBI, pues reconoce a  la identidad de género como un derecho protegido por la Convención Americana y, por lo tanto, los Estados están en la obligación de reconocerla y regularla en su ámbito interno. Esto permitirá a los colectivos LGBTI avanzar más fácilmente en la exigencia de este derecho.

Aún hay mucho camino por andar en este campo. Afortunadamente, las Defensorías del Pueblo han tomado conciencia de la importancia de la inclusión sexual multidimensional e integral y han asumido el compromiso de seguir trabajando en coordinación permanente con estos colectivos. Por su parte, la Federación Iberoamericana de Ombudsman se suma a este esfuerzo y asume los desafíos de esta nueva perspectiva.

Este libro resume el trabajo decidido de las instituciones defensoriales en favor de la protección y la defensa de la población sexualmente diversa. A través de él, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y la defensa de los derechos de todas las personas sin distinción alguna, pues reconocemos el derecho de todos a forjar su identidad.

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