El jueves 4 de julio 2024, bajo un formato virtual que permitió reunir a más de 160 participantes de todo el continente, se celebró el webinar titulado Derechos humanos, medio ambiente y el Acuerdo de Escazú: Las INDH como actores estratégicos en la promoción de los derechos ambientales.

En esta ocasión se contó con la participación de Pedro Callisaya, Secretario General de la RINDHCA y titular de las INDH de Bolivia; Consuelo Olvera, Secretaria Ejecutiva de la RINDHCA, quien estuvo a cargo de la moderación y dirección; Melissa Ortiz, del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) en México; Andrea Domínguez, Coordinadora de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe; e, Ignacio Roncagliolo, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En primera instancia, Pedro Callisaya resaltó que las INDH, en cumplimiento de su mandato central de prevenir y mitigar toda forma de afectación a los derechos humanos, son pieza clave de un sistema estatal integral de respuesta ante posibles violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano y sostenible. Esto es especialmente importante a la luz del Artículo 9 de Acuerdo de Escazú́ que responsabiliza a los Estados a garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos, y el artículo 6 del mismo Acuerdo que aborda la generación y divulgación de información ambiental, y especifica las distintas maneras en las que cada Parte del Acuerdo deberá difundir la información generada y/o recopilada, procurando que esta sea reutilizable y disponible en formatos accesibles.

Posteriormente, Melissa Ortiz, del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) de México, profundizó en los tres pilares de los Principios Rectores. Es decir, el deber del Estado de proteger frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos; y, la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos a vías de reparación efectivas.

En tanto que, Andrea Domínguez, explicó el importante rol de las clínicas jurídicas ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Además, comentó cómo estas pueden contribuir al trabajo de las INDH, reafirmando que las INDH deben entender a las clínicas jurídicas como socias estratégicas para el tratamiento de casos que estén enfrentando. También comentó que, en el marco de Escazú, las INDH y las clínicas podrían trazar una hoja de trabajo conjunto para reactivar en la agenda pública la discusión o coadyuvar en el desarrollo y ejecución de los planes de implementación de Escazú para los Estados parte, así como al plan de acción de personas defensoras ambientales.

Ignacio Roncagliolo, a su turno, profundizó en el rol de las INDH en el seguimiento del Acuerdo de Escazú. Recordó que, para contribuir a la implementación de las disposiciones del Acuerdo, cada Parte se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales, sobre la base de sus prioridades y necesidades, y que es precisamente en ese aspecto donde las INDH pueden tener un rol central.

Se destaca también, la nutrida participación de quienes integran las INDH de las Américas, al formular importantes comentarios y preguntas, en un intercambio muy productivo de ideas y de puntos de vista.

Esta webinar se dio como parte del esfuerzo que viene realizando la RINDHCA por evidenciar las distintas formas en las que las INDH, trabajando de la mano con socios estratégicos, pueden contribuir a prevenir y mitigar toda forma de afectación a los derechos humanos, así como a proveer de protección a las personas defensoras ambientales bajo amenazas o acudir a las autoridades policiales o judiciales para que actúen en el marco de sus funciones.