El Perú acaba de superar una difícil prueba a su institucionalidad democrática, el intento de golpe de Estado fue conjurado rápidamente con el concurso de los poderes públicos, entidades autónomas, fuerzas armadas/policiales y la ciudadanía en su conjunto.

El compromiso de la Defensoría del Pueblo en la defensa de la democracia constitucional parte de reconocer que solo bajo su cobijo es posible el pleno respeto de los derechos humanos, toda forma de dictadura es incompatible en su pleno ejercicio.

Conforme al procedimiento previsto en la Constitución hoy tenemos un nuevo gobierno, el cual debe tener como principal objetivo hacer plausible el mayor goce de derechos. Por ello, y a fin de contribuir en el cumplimiento de este fin, consideramos necesario ofrecer el presente balance sobre la situación de los derechos humanos en el país, en ocasión al día de los derechos humanos.

Balance 2022

El derecho a la salud presenta aún retos significativos para ser garantizado plenamente. Por un lado, subsisten los problemas en lo que concierne a las brechas de infraestructura y, por otro, se encuentra pendiente la mejora en el financiamiento y la articulación que explican la fragmentación y segmentación en el sistema, lo que produce ineficiencia e inequidad, ello en medio de la quinta ola del COVID-19 que aún no cesa.

En el sistema educativo, las brechas ya existentes se han agravado como consecuencia de la pandemia. También nos preocupa el ataque sistemático a las políticas educativas que afectan diversos elementos del derecho fundamental a la educación. Entre ellos la promulgación de la Ley n.° 31520, que constituye un grave retroceso a la reforma universitaria orientada a garantizar un derecho a la educación de calidad y empoderar el rol de control y supervisión del Estado. Asimismo, la Ley n.º 31498, que condiciona la publicación de materiales educativos al consentimiento de madres/padres, lo que afectaría la implementación de la educación sexual integral y del enfoque de género desde las escuelas.

De otro lado, desde la Defensoría del Pueblo consideramos urgente que se implemente progresivamente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a través de medidas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar el aislamiento, abandono, así como toda práctica que atente contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

Durante el año 2022, se ha visto gravemente afectado el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ello debido principalmente a actividades al margen de la ley, como la tala y minería ilegal. Ante ello nuestra institución viene insistiendo en la urgencia de crear una estrategia integral, con presupuesto y recursos suficientes, tanto para la erradicación de las actividades ilegales mencionadas, como para la protección de los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales, principalmente afectadas en estos contextos.  Otro asunto de gravedad es la intención de desconocer la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Por otra parte, en lo que va del 2022, hemos tomado conocimiento de casos de estigmatización, hostigamiento, difamación, utilización indebida del derecho, amenazas y homicidios en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos por ello sostenemos que es necesario que nuestro país cuente con una Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos. De igual manera, venimos reiterando la importancia de que el Estado peruano ratifique el Acuerdo de Escazú.

Asimismo, es importante mencionar los impactos negativos que tiene la ausencia de políticas penitenciarias con enfoque en derechos humanos en el incremento constante del hacinamiento carcelario, las situaciones de violencia y falta de condiciones de vida digna de las personas privadas de libertad.

En esta materia, destacamos el trabajo que viene realizando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (MNPT) implementado por la Defensoría del Pueblo por encargo del Congreso de la República y que tiene entre sus funciones examinar desde la perspectiva de la prevención, las condiciones y el trato a las personas privadas de libertad en base a los estándares internacionales principalmente en materia de derechos humanos.

Con relación a los derechos de niñas/os y adolescentes hemos tenido preocupantes retrocesos, como la aprobación de la Ley n.° 31590, sobre tenencia compartida, que no garantiza el interés superior de niñas/os y adolescentes y puede generar formas de violencia contra las madres.  La violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes es un problema gravísimo que requiere ser evidenciado y atendido mediante medidas que garanticen su prevención, así como el acceso integral a la salud. A pesar de ello, se insiste en promover medidas legislativas y judiciales que afectan directamente los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, como el acceso al aborto terapéutico o a la anticoncepción oral de emergencia.

Asimismo, no se están reduciendo las brechas de género, las mujeres, en sus diversidades, siguen siendo las más pobres y asumiendo la mayor carga de los cuidados, impactando en sus proyectos de vida; siendo indispensable la aprobación e implementación del Sistema Nacional de Cuidados. La situación se agrava ante la falta de debida diligencia reforzada que garantice el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, debiendo el Estado dotar de mayor presupuesto al Sistema Nacional Especializado de Justicia.

En materia de derechos de las personas LGBTI consideramos necesario que se legisle sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y el reconocimiento de las familias diversas en igualdad de derechos. Asimismo, insistimos en la urgencia de contar con un registro de denuncias e investigaciones fiscales sobre delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y discriminación contra personas LGBTI, así como la implementación de protocolos diferenciados de atención en materia de salud sexual y reproductiva.

Advertimos que el avance en la ejecución de las normas en los distintos temas de secuelas del periodo de violencia 1980-2000 ha sido mínimo, debido, principalmente, al constante cambio de autoridades en los sectores e instituciones públicas y a la falta de presupuesto.

En materia de movilidad humana internacional, desde la Defensoría del Pueblo hemos concentrado nuestro trabajo en el monitoreo de la implementación del proceso de regularización migratoria, las multas administrativas impuestas a personas extranjeras con residencia vencida, el reconocimiento de diversos tipos de documentos de identificación de la población extranjera, entre otros. Aunado a la emisión de opiniones legales frente a proyectos de ley que pretenden acentuar las actitudes discriminatorias y negativas hacia la migración.  En dicho contexto, nuestra institución ha manifestado su rechazo por la aprobación por insistencia de la ley que propone la modificación del Decreto Legislativo 1350 Ley de Migraciones, debido a que vulneran los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país.

De acuerdo a la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo el principal problema que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación estructural. En ese sentido, es importante que el presupuesto público establezca la asignación del 1 % del presupuesto de los gobiernos regionales y locales para garantizar la accesibilidad urbanística y arquitectónica, así como para el funcionamiento de las oficinas de atención a las personas con discapacidad, lo cual permitirá combatir los actos y prácticas discriminatorias hacia ese sector de la población, favoreciendo su inclusión social.

A ello se suma que el 60.4 % de personas con discapacidad no forma parte de la población económicamente activa lo que refleja la existencia de barreras que limitan el acceso y ejercicio del derecho al trabajo, situación que se agudiza por el incumplimiento de la cuota laboral para las personas con discapacidad por parte de las instituciones públicas y privadas. En ese sentido, es urgente promover la contratación de personas con discapacidad y garantizar su permanencia en el lugar de trabajo, incluso mediante la implementación de ajustes razonables que les permita realizar adecuadamente sus labores.

Recordar, igualmente, que la conflictividad social es un fenómeno persistente y que tiene costos personales, institucionales y económicos que impactan seriamente en los derechos humanos. De acuerdo a nuestro sistema de monitoreo los casos se han incrementado, lo mismo que el número de protestas y los hechos de violencia.

Esperamos que el Gobierno nacional le dé a este tema la importancia que tiene, fortaleciendo capacidades de prevención y gestión de los conflictos, implementando políticas públicas de alto impacto en zonas deprimidas y cumpliendo los compromisos firmados en actas. La misma exhortación la dirigimos a los gobiernos regionales y locales cuyas administraciones inician en enero.

Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las nuevas autoridades a tomar acciones inmediatas en favor de las personas y la comunidad, centradas en erradicar toda forma de discriminación y en la reducción de la desigualdad, situaciones que excluyen y marginan a individuos y colectivos, menoscabando el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En estás difíciles circunstancias para la nación reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.