En el Mapa de los Conflictos Socio – Ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sumado nuevos casos en los últimos años, la mayoría energéticos o mineros.

Este viernes 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, que fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 15 años y que busca generar conciencia sobre la importancia de alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global. Es justo en esta ocasión cuando el panorama en Chile resulta menos alentador que en otras oportunidades. A merced de una sequía que amenaza el suministro de agua en varias zonas a causa del cambio climático, el número de conflictos socio – ambientales no ha dejado de crecer.

Así lo expone el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que desde hace unos años viene recopilando información sobre los conflictos socio – ambientales en el país. La cuenta, actualmente, arroja 159, aunque no se trata de una lista exhaustiva, por cuando sólo considera aquellos en los que el INDH ha recopilado información suficiente para incluirlo dentro de su lista. El más reciente es el proyecto minero Los Bronces, de Anglo American, que se ubica en la cordillera de la Región Metropolitana.

La inquietud por los efectos que proyectos de este tipo pueden tener sobre la naturaleza y entorno figura entre las prioridades de la gente. La Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2018 mostró que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación fue el segundo que más mencionaron quienes fueron consultados (30%).

En el mismo estudio, pero hecho en 2020, se mostró que los consultados de la zona centro del país tendían a señalar con mayor frecuencia que este era uno de los derechos fundamentales más vulnerados (22%). Entre quienes habitan la zona central y fueron consultados, uno de los derechos más vulnerados era el derecho de acceso al agua potable (27%), el cual no era mencionado en igual magnitud por los interrogados en la zona norte (18%) o sur (13%).

Sea como fuere, de acuerdo al más reciente recuento del Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH, las pugnas en el sector energético (29) y minero (21) son las que tienen un mayor número de disputas aún activas. A mucha distancia, se ubican los conflictos por saneamiento medioambiental (5). En cuanto a la causa por la cual se originó el conflicto, la mayoría se debe al lugar donde se realiza o realizará la exploración o explotación, con 38 casos activos. Lo sigue la inquietud por la disposición de residuos o emisiones, con 30 situaciones activas.

Si se ve por regiones, Valparaíso es la que registra el mayor número de episodios todavía activos (17), seguida de las regiones de Los Ríos (11) y Antofagasta (9).

“Como demuestran los casos catastrados en el Mapa de Conflictos Socio-ambientales, los daños provocados al medio ambiente de una forma general, ya sea sobre el agua, el suelo o la atmósfera, tienen consecuencias de largo plazo, no solo para los ecosistemas sino también para las comunidades, que dependemos de los recursos naturales para mantenernos”, dice sostiene la jefe de la Unidad de Estudios del INDH, Paula Ballesteros.

Misiones de observación

Cuando la información reunida lo amerita, el INDH ha llevado a cabo misiones de observación a lugares afectados por un conflicto socio – ambiental. Entre los últimos se encuentra el conflicto que involucraba a mapuches en la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos. Se trató de una misión que se verificó entre el 4 y el 7 de septiembre de 2019. Las misiones de observación son una metodología de trabajo en terreno, que permite realizar diagnósticos sobre las potenciales vulneraciones de derechos humanos en un territorio particular.

En este caso, la concurrencia se debió a una denuncia de una comunidad pues por la omisión por parte del Estado respecto de sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos, tales como el acceso al agua, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al trabajo y a la salud. Luego de esta misión, se concluyó que “la expansión de la industria forestal y de celulosa, ha tenido un alto impacto en los territorios que ancestralmente han sido ocupados por las comunidades indígenas, lo cual ha impactado significativamente en el ejercicio de sus derechos”.

Este tipo de misiones también pueden redundar en acciones judiciales, como la que el INDH presentó ante la Corte de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema en 2018 por los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Estos fueron afectados por un grave episodio de polución del aire, originada por el trabajo de las plantas industriales que se encuentran en la bahía. Esa vez, la Corte Suprema acogió un recurso de protección por la emergencia ambiental y sanitaria que se registró en la zona. Entre otras cosas, el tribunal instruyó a la autoridad ambiental a identificar el origen de los contaminantes que causaron este grave episodio.

“Desde la óptica de los derechos humanos, el cumplimiento del Acuerdo de Paris y del Acuerdo de Escazú es fundamental para garantizar la protección de los ecosistemas y su relación sostenible con la sociedad. El Estado de Chile debe asumir el compromiso de cumplir los desafíos que esas normas internacionales imponen en materia de cambio climático y desarrollo equitativo y acceso a la información”, sostiene la jefe de la Unidad de Estudios del INDH, Paula Ballesteros.