Una investigación de la Defensoría de los Habitantes como Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reveló niveles importantes de incumplimientos que impiden garantizar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo costarricense. Desde restricciones reglamentarias, falta de accesibilidad, hasta ausencia de capacitación son algunas situaciones detectadas sobre el accionar del Ministerio de Educación Pública (MEP).